Komite Internazionalistak

 

Los desastres producidos por el capitalismo
[Mikel de la Fuente Lavín y Juan Hernández Zubizarreta] El capitalismo no puede disociarse de datos como los siguientes: 950 millones de hambrientos en todo el mundo, 4.750 millones de pobres, 1.000 millones de desempleados, más del 50% de la población mundial activa subempleada, el 45% de la población mundial no tiene acceso directo al agua potable, 3.000 millones de personas carecen de acceso a servicios sanitarios mínimos. La existencia de la pobreza no se debe a una carencia general de medios materiales sino a una distribución extremadamente desigual y privatizada de la riqueza y los medios de producción.

Los fundadores del pensamiento neoliberal utilizaron los valores de la libertad y de la dignidad humana como ideas centrales del aparato conceptual dominante. Esa libertad ha sido completamente mercantilizada y los principios de igualdad y de solidaridad se han subordinado a los intereses de las clases dominantes. Desde el punto de vista normativo destaca la rigurosidad con que se negocia la deuda externa de los países empobrecidos o se defiende la seguridad jurídica de las inversiones, frente al tratamiento tan flexible de los paraísos fiscales o de las subvenciones comerciales a empresarios de los países dominantes.

La globalización convierte a la democracia en un mero procedimiento formal, dirigido a la consolidación de la libertad de mercado, sin ningún objetivo emancipador. La privatización de los derechos humanos, la desregulación normativa en todos los ámbitos, es decir, la privatización del derecho, abre paso a la democracia del mercado y a la definitiva privatización de sus instituciones. La democracia se transforma en mera sucesión de actividades administrativas y procedimentales donde las contiendas electorales marcan la consolidación del libre mercado. La ideología neoliberal atenta contra la dimensión igualitaria y paritaria de la estructura democrática.

La huelga convocada para el 21 de mayo debe ser un primer escalón en una lucha global que requiere unidad internacional. Esta convocatoria no es un hecho aislado, sino que una ola de huelgas y movimientos de protesta está recorriendo numerosos países de  Europa, Asia y América Latina. Así las luchas contra las transnacionales en América Latina requieren de impulsos desde aquí, a cuyo efecto es necesario el forjado de una  alianza de los sindicatos con los movimientos ecologista, feminista y de solidaridad  internacionalista, empezando por el apoyo a la huelga y continuando con alianzas estables de carácter transnacional.

Efectos sociales de la crisis y desregulación laboral y social
La disminución de la parte salarial o relación entre las remuneraciones salariales (incluidas las cotizaciones sociales) y el valor añadido,  es general. Las instituciones internacionales, como el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea, han reconocido este hecho, aunque las explicaciones aportadas no incluyen un elemento capital: el aumento del desempleo, que al debilitar la relación de fuerzas entre capital y trabajo, ha permitido elevar la parte de los beneficios en detrimento de los salarios. La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra no escapan a esta tendencia.

Aunque la clase trabajadora es la principal afectada por la crisis, ésta no incide de la misma forma en cada persona de esa clase sino que afecta a los grupos peor situados en el mercado de trabajo: los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, gran parte de los autónomos dependientes y, desde el punto de vista de los sectores productivos, a quienes trabajan en la construcción, la hostelería, el turismo, los servicios inmobiliarios, a domicilio, de limpieza y de cuidado a las personas (Lacalle).

A pesar del origen de la crisis en la política neoliberal de financiarización de la economía, de retroceso de la parte salarial y de aumento de las desigualdades, los dirigentes empresariales y los políticos de la derecha, pretenden dar una vuelta de tuerca en la desregulación del mercado de trabajo y la reducción de las pensiones, basándose en informes de “expertos” supuestamente imparciales e inspirados en la pura objetividad. Así, un Manifiesto firmado por cien economistas académicos e inspirado por el Servicio de Estudios del Banco de España y la Fundación de las Cajas de Ahorro (Fedea), a pesar de exponer que la crisis no ha tenido sus causas en el mercado laboral, formulan propuestas para salir de la crisis centradas exclusivamente en reformas laborales. Tras exponer que el desempleo tiene sus causas esenciales en la dualidad del mercado laboral, entre fijos superprotegidos y temporales precarios y la duración excesiva de la prestación por desempleo,   proponen, entre otras medidas, las siguientes: eliminar los contratos temporales, salvo el de interinidad para la sustitución de personas en baja temporal, introduciendo un nuevo contrato indefinido para las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente con la antigüedad, obviamente de cuantía inferior a la actual indemnización para los contratos indefinidos (45 días por año de servicio) e incluso a las “los nuevos contratos indefinidos” de 1997 (33 días por año); reducir la duración de las prestaciones de desempleo y posibilitar que los acuerdos colectivos de empresa puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior, a fin de evitar el supuesto carácter inflacionista de la negociación colectiva.

Estas propuestas abiertamente desreguladoras y restrictivas de los derechos laborales están basadas en un análisis falso, ya que como ha explicado Albert Recio la elevación de los salarios medios en el último trimestre no se debe a ninguna mejora salarial sino que, en la medida en que el aumento del desempleo se ha centrado entre los más bajos salarios, ahora hay una menor proporción menor de personas ocupadas en bajos salarios. Por otra parte, las desigualdades en el mercado laboral no quedan adecuadamente reflejadas en el esquema fijo-temporal. En efecto, la gran destrucción de empleo temporal se explica por el gran peso de ese empleo en los sectores en los que se ha concentrado la crisis, como la construcción, el comercio y la hostelería. El fraccionamiento de la negociación colectiva, que reclaman los firmantes del Manifiesto, combinado con la utilización generalizada de la subcontratación ha dado lugar a una enorme diversificación de las situaciones laborales y a un importantísimo aumento de la precariedad laboral, resultante de la suma de temporalidad, migración, tiempo parcial, subempleo y paro. Como apunta el mismo A. Recio, la ausencia de una formación profesional de calidad expresa la reticencia empresarial a procesos que generen “reconocimiento profesional” que impliquen salarios y condiciones laborales dignas. En el mismo sentido, el modelo migratorio ha sido promocionado para obtener una fuerza de trabajo dócil, barata y “flexible”. Así pues, aunque no es posible afirmar, con un mínimo de solvencia y honradez intelectual, un efecto positivo de las “reformas estructurales” flexibilizadoras sobre el empleo, lo que si se puede establecer es que esas medidas afectan especialmente a los jóvenes y las mujeres. Además, esas reformas tienen otro efecto muy importante: en la medida en que disminuyen la seguridad y estabilidad de los trabajadores y trabajadoras y reducen el papel garantista de la legislación laboral y de los convenios colectivos, contribuyen a reducir su capacidad de resistencia frente a las decisiones empresariales en materia salarial y de condiciones de trabajo.

En el último período la destrucción de puestos de trabajo ha afectado mucho menos a las mujeres que a los hombres debido a la concentración del empleo femenino en actividades de servicio a las personas por el sector público (aunque frecuentemente se presten en subcontratación privada), a su más frecuente aceptación de un trabajo a tiempo parcial no deseado, que ha tenido un desarrollo importante desde el inicio de la crisis y al incremento del número de mujeres que desempeñan trabajos de elevada cualificación. Sin embargo, persiste una discriminación salarial muy elevada: en el 2007 la diferencia salarial entre mujeres y hombres alcanzaba, de media, el 28%, mientras que por hora trabajada era de un 17,6% en el Estado Español (el 17,4% en la Unión Europea).

La reducción de las pensiones públicas está siendo otro de los objetivos de quienes pretenden que el coste de la crisis recaiga sobre los trabajadores. A pesar de que la drástica caída de las pensiones privadas debida a la bajada de la bolsa revela la superioridad de los sistemas públicos de reparto para garantizar las pensiones, los defensores de la privatización siguen insistiendo en el viejo discurso de la insostenibilidad de estos sistemas.  La elevación de la edad de jubilación, legal o práctica, mientras aumenta el nivel de desempleo sería una grave regresión social, ya que muchas personas han trabajado desde edades muy tempranas y/o en condiciones de elevada penosidad.

El endurecimiento resultante de la reforma de la Seguridad Social de 2007 en el acceso a la jubilación parcial en el Estado Español, vía que había conocido un rápido desarrollo en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, hasta alcanzar un porcentaje próximo a la cuarta parte del total de las jubilaciones, va también a contribuir a la reducción de las pensiones, ya que cuando no puedan utilizar esta posibilidad, las empresas van a proceder en muchos casos a despidos puros y simples, que forzarán a utilizar la vía de la jubilación anticipada ordinaria que implica importantes reducciones en la cuantía de las pensiones, que aumentará si las pensiones pasan a calcularse sobre un período más amplio. La apuesta de las instituciones de la CAPV por las pensiones privadas se apoya en que la carencia de competencia de la CAPV en la legislación de Seguridad Social impide que pueda actuar en la mejora de las pensiones públicas de reparto. Lo que si hacen la Administración de la CAPV, de forma concertada entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, es intervenir, al amparo de su competencia en la fijación de impuestos, para acordar desgravaciones fiscales a las aportaciones a Planes de Pensiones y EPSVs, tanto individuales como profesionales.

Los sistemas de pensiones desempeñan un importante papel en la reducción de la pobreza de las mujeres. Según un informe del Parlamento Europeo de 2008 en ausencia de transferencias sociales aumenta el riesgo de pobreza del conjunto de las mujeres. La elevada proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, al estar asociado a salarios reducidos y protección social insuficiente, contribuye a un aumento del riesgo de pobreza, “especialmente las de edad avanzada, ya que las pensiones correspondientes a empleos a tiempo parcial no suelen ser suficientes para llevar una vida independiente”.

¿Es necesaria la huelga del 21 de mayo?
La huelga general es una herramienta necesaria para poner un freno a las tentativas empresariales de utilizar la crisis, originada por las enormes cantidades dinero destinadas a la especulación financiera incontrolada proveniente de un aumento de la explotación de las personas asalariadas, para inducir reformas laborales que debiliten más aún al mundo del trabajo. La mayor parte de los países de la Unión Europea ha gastado, proporcionalmente, más que los Estados Unidos, en el “salvamento” de la banca: desde un 28,6% del PIB en Gran Bretaña, hasta el 14,3% en el Estado Español, frente a un 5,1% de los Estados Unidos.  En lo que han gastado menos los países de la UE es en las intervenciones públicas para la creación de empleo mediante la inversión en infraestructura y en servicios públicos y sociales, tales como educación, sanidad, servicios sociales… Frente a un gasto de este tipo del 5,6% del PIB en Estados Unidos, Alemania ha invertido un 2,8%, Gran Bretaña el 1,3%, Francia el 1,1% y el Estado Español, sólo el 0,8%. La Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa cuyo gasto en protección social es inferior incluso al del Estado Español no ha mejorado ese reducido gasto, necesario para atender las necesidades sociales en educación, sanidad, cuidado a las personas, vivienda, alimentación etc. La utilización regresiva que han realizado y realizan de sus competencias en materia de fiscalidad (supresión del impuesto de patrimonio, reducción de los tipos en el impuesto de sociedades, fiscalidad más favorable de las rentas de capital, elevado fraude en este tipo de rentas), muestra que los “marcos vascos” no son suficientes para asegurar que las políticas fiscales, laborales y de protección social se realicen a favor de las mayorías sociales, sino que se requiere una fuerte presión social y política, que logre contrarrestar la tendencia institucional a favor de la gente más rica y de mayores ingresos.

En este sentido, el discurso según el cual la salida está en el diálogo social obvia que en la actual coyuntura tan desigual y de complicidad de gobiernos de todo tipo –centrales- autonómicos y forales- con las organizaciones patronales resulta imprescindible usar la otra vía de acción sindical, es decir, la huelga, para frenar los despidos y reestructuraciones de empresas y las propuestas de “reformas” que aumenten el poder empresarial, reivindicar un aumento de los salarios y pensiones, especialmente de los más bajos y exigir a los poderes públicos que el dinero público debe ir destinado, no a apoyar a las instituciones financieras responsables de la crisis, sino a atender las necesidades sociales de todo tipo.

Una última cuestión. La huelga del día 21 no se ha planteado contra el actual gobierno de la CAPV, sino contra la alianza de facto entre las administraciones europea, española, vascas y forales con la patronal y las instituciones financieras. A juicio de los firmantes, la huelga del 21 de mayo hubiera sido más eficaz si se hubiera planteado al conjunto de los sindicatos vascos, pero los errores en su convocatoria no obvian su evidente necesidad y urgencia  para hacer frente a una ofensiva anti-social de enorme alcance y que requiere de una respuesta lo más amplia posible.