Desde Octubre, los presos enfermos de Cáncer de Palogordo no van al oncólogo |
09/04/2013 | |||
[Gara/Ainara Lertxundi] Leonardo Jaimes, abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es testigo casi a diario de las consecuencias del actual sistema carcelario colombiano. Obligado a llevar protección después de que un sicario le revelase que tenía orden de matarlo, asegura que seguirá visitando las cárceles y denunciándolo, «sin importar que nuestras vidas corran riesgos».
¿Cuáles son los puntos negros del mapa carcelario? Para que, por ejemplo, un preso enfermo de cáncer de colon -tenemos varios casos en Palogordo- reciba tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sus compañeros deben hacer una jornada de protesta. Es absurdo que en un Estado social y de derecho ocurra eso. Desde octubre, los presos enfermos de cáncer de Palogordo no han sido remitidos al oncólogo ni al médico especialista. Otro punto negro lo constituyen las agresiones contra la población privada de libertad por parte del INPEC. Son permanentes las denuncias de torturas, de tratos crueles e inhumanos. Podría hablar también de las condiciones, sumamente preocupantes, en las que están las mujeres. Se les limita el derecho a asociación y están sometidas a una fuerte presión sicológica. Viven bajo la amenaza de ser trasladadas a prisiones lejanas si realizan protestas, con lo que no podrían ver a sus hijos. En este breve diagnóstico, quisiera resaltar que existe un problema de fondo y estructural que no es otro que la política criminal de Estado, que ha impuesto leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana para reprimir las movilizaciones sociales. Por el mero hecho de ocupar una calle en protesta por la implementación de megaproyectos o por la presencia de las multinacionales que se apropian de los recursos naturales del país, una persona está violando Ley Penal y es conducida a un centro penitenciario. Tenemos el ejemplo de una persona condenada hace poco a seis años de prisión por apropiarse de seis paquetes de caldo en un supermercado de una gran superficie. Y, por contra, también tenemos al paramilitar conocido como «El Iguano», que, en virtud de la Ley Justicia y Paz, solo puede ser condenado a un máximo de ocho años pese a haber confesado 3.500 homicidios. Es esta política la que está generando que la población carcelaria crezca en 1.500 internos mensuales, lo que equivale a 15.000 personas privadas de la libertad en un año. Dicho de otra manera, se tendrían que construir más o menos cinco cárceles al año. Pero, obviamente, la solución no es construir nuevas megacárceles con capacidad para hasta 20.000 presos, como pretende el Gobierno de Juan Manuel Santos. La mayoría, casi el 70%, están presos por el delito de hurto y, según datos del propio INPEC, el 75% de la población carcelaria proviene de clases bajas, mientras que la gran criminalidad, como el paramilitarismo, no se ataca. Son muy pocos los encarcelados por los escándalos de la parapolítica, que, además, están en cárceles especiales y muy bien dotadas. El tema carcelario refleja la cruda realidad que está viviendo Colombia. En este momento, en las cárceles existe una crisis, una bomba de relojería. De todas las denuncias, sobresale el nombre de la Tramacúa, situada en Valledupar, en el norte de Colombia. ¿Qué representa esta prisión? La temperatura supera los 46 grados centígrados. Pese a ese calor infernal, solo tienen unos minutos de agua al día. ¿Han influido en algo los diálogos de La Habana? ¿Qué medidas se deberían de adoptar de forma urgente?
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